Muy buenas a todo el
mundo:
Recordaréis que
Juan Rossell, presidente de la CEOE, hizo el otro día unas
declaraciones en las cuales abogaba por la privatización de la
sanidad y la educación para que fueran más “productivas”. En
primer lugar, el hecho de que las haga como presidente de una
Confederación que defiende los intereses de los empresarios
privados, pero que está financiada con dinero público, es, como
mínimo, sorprendente. Pero, al margen de ese hecho, hoy quisiera
hacer algunas reflexiones sobre la importancia que tiene el sector
público en general, y más en particular la sanidad y, sobre todo,
la educación, en un país como el nuestro.
En primer lugar, la
existencia de servicios públicos asegura que cualquier ciudadano (o
ciudadana) pueda acceder a ellos independientemente de su nivel
económico, lo que asegura una cobertura universal de las necesidades
de la ciudadanía.
En segundo lugar,
las exigencias para entrar a formar parte de los cuerpos de
funcionarios son, al menos en nuestro país y en el ámbito de la
educación, que es el que más conozco, muy superiores a las que
tienen los que prestan servicios análogos en el sector privado. Eso
se hace para asegurar que solo puedan prestar esos servicios los
profesionales mejor preparados y más eficientes.
Se habla mucho de
que los funcionarios son unos privilegiados, por su sueldo y sus
vacaciones. Eso es mentira. Por cada funcionario de nivel “alto”,
que puede tener un sueldo más o menos elevado, hay otros que pueden
ser interinos a media jornada (o incluso, contratados por días), o
simplemente funcionarios de nivel más bajo, cuyos sueldos son más
modestos, e incluso, en algunos casos, directamente bajos. Pero lo más relevante que hemos de recordar cuando hablamos del sueldo de los empleados públicos es que los que más ganan no son los funcionarios por oposición, sino los "asesores", puestos a dedo por los políticos, que son muchos más de los necesarios y cobran infinitamente más que los funcionarios de verdad.
Cuando se habla de
la educación, se critica la gran cantidad de vacaciones que se
tienen o las “pocas” horas al día que se trabaja, y eso es, en
cierto modo, una falacia. Sí es cierto que el horario de un docente
puede tener veinte o veintitantas horas semanales, pero en ese
horario no se contemplan claustros o juntas de evaluación, a las que
hay que asistir, pero que no se incluyen en el horario. Ni, por
supuesto, las horas que hay que dedicar a preparar las clases o los
materiales que se van a facilitar a los alumnos, ni las muchas horas
de formación permanente que se exige realizar.
También se habla
mucho de la supuesta mayor eficacia de lo privado frente a lo
público, que también me parece muy llamativo. En primer lugar,
porque, por ejemplo, en el caso de la sanidad, la comparación con
países, como Estados Unidos, donde prima lo privado, o con países
como Alemania, con modelos mixtos, la diferencia de gasto demuestra
que lo privado suele ser más caro para las arcas estatales. Además,
como se ve en muchos casos, en el caso de la sanidad, los centros
privados hacen solo las intervenciones más sencillas y baratas,
mientras que tratamientos más complejos y caros se derivan a una
sanidad pública que, por definición, siempre va a tener (o debería
tener), más medios, en tanto que está respaldada por un Estado.
En segundo lugar, si
hablamos de educación, a todos se nos llena la boca hablando del
informe PISA y de los buenos resultados de países como Finlandia,
pero muy poca gente dice que en Finlandia, la educación privada
supone solo el tres por ciento del total de la educación, y la
educación concertada no existe.
Por último, en
tercer lugar, esa supuesta mayor productividad de lo privado me hace
reír cuando recuerdo la necesidad que ha habido de subvencionar (o
incluso rescatar) a tantas empresas privadas.
Para que luego
digan.
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